[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1618237476594{margin-right: -10px !important;margin-left: -10px !important;}”]Este año, el gobierno de México tiene un gran reto y es que los estados del país deben replicar un modelo de inteligencia financiera basado en un modelo federal. ¿Cómo pueden lograrlo? Te lo contamos en este artículo.
En agosto de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico firmó un acuerdo con todas las entidades del país para que fortalezcan o creen sus Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), con base en un modelo de la UIF con el objetivo de homologar tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), según publicó Santiago Nieto, titular de la UIF en Twitter.
Pero ¿De dónde surge esta iniciativa?
Retrocediendo un poco en la historia, fue en 1989 que, en la Reunión Cumbre Económica de París, los jefes de gobierno del famoso Grupo de los 7 (G7) reconocieron al lavado de dinero como una amenaza para la seguridad y estabilidad de los sistemas financieros mundiales, por lo que acordaron crear el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al que se unió México en el año 2000.
Este Grupo de Acción, creó 40 recomendaciones para hacer frente al lavado de dinero y a otros delitos como narcotráfico, secuestros, tráfico ilegal de armas, evasión fiscal, trata de personas, corrupción, entre otros. Originando las Unidades de Inteligencia Financiera como centros de recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas.
Así, México creó la Unidad de Inteligencia Financiera como un órgano descentralizado, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Años después en sesión del Consejo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, se acordaría, entre otras cosas, establecer en cada entidad federativa Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica; en donde encontramos a Tamaulipas, Sonora, Zacatecas y Estado de México como pioneras.
El problema y su solución
El lavado de dinero se ha vuelto un tema relevante a nivel mundial, ya que, entre otras cosas, se le suele relacionar con delitos que generan grandes cantidades de riqueza como el tráfico de drogas, corrupción y estafas bursátiles.
De acuerdo con la recomendación 29 del GAFI, “La Unidad de Inteligencia Financiera debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y de orden público que requiera para desempeñar sus funciones adecuadamente”2
Es así como, para que las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica se fortalezcan y logren sus objetivos, el Gobierno de México lanzó una invitación para equiparlas mejor con recursos humanos capacitados y debidamente seleccionados; y recursos materiales como software especializado para análisis de datos IBM i2m y equipo de seguridad como dispositivos biométricos, tarjetas inteligentes de acceso y circuito cerrado de televisión.
Afortunadamente a pesar de la pandemia y la reciente creación de esta institución en varios estados, los esfuerzos han avanzado gracias al compromiso de las personas que encabezan dichas entidades y a la colaboración que se ha dado entre ellas compartiendo experiencias; reduciendo índices de impunidad de delitos de alto impacto y corrupción en México.
1 Nando Lefort, Víctor Manuel, El lavado de dinero: nuevo problema para el marco jurídico, México, Editorial Trillas, 1997 p. 9.
2 GAFISUD (Ahora GAFILAT), Segunda Sesión Plenaria del año 2015, Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, Las Recomendaciones del GAFI, febrero 2012, consultado el julio de 2020, pág. 24, consultable en http://www.fatfgafi. org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
